Casa Árabe presenta el estudio sobre “Mejorar la voz, acción y participación de las mujeres en la economía de Egipto, Jordania, Marruecos, Túnez y Turquía" (Enhancing Women’s Voice, Agency and Participation in the Economy: studies in Egypt, Jordan, Morocco, Tunisia and Turkey, 2015) en una mesa redonda organizada en colaboración con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), editor del estudio.

En la presentación participarán Jacques Charmes, director del equipo de especialistas que ha realizado el estudio, y Elena Ferreras, coordinadora del mismo desde el BERD. Sus resultados y recomendaciones serán discutidos en un debate de la mano de Javier Parrondo, Jefe del Departamento de Cooperación con el Mundo Árabe y Asia de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID); Celia de Anca, profesora de Diversidad Global y directora del Centro de Diversidad del Instituto de Empresa, y Laura Mijares Molina, profesora titular en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid.

Hoja de sala de la conferencia
 
El estudio publicado en abril analiza de una forma comparada un conjunto de parámetros económicos, educativos, legales y políticos, que dejan perfilada una radiografía sobre la situación de la participación de la mujer en la sociedad y la economía de los países de Oriente Medio y norte de África.
 
Realizado por un equipo de consultores internacionales y el equipo de género del banco, el objetivo del estudio es ofrecer una serie de recomendaciones para el diseño de proyectos que reflejen y den respuesta a las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, así como promover el diálogo político a nivel internacional para avanzar en la igualdad de género en estos países.
 
Pese a haber alcanzado la paridad en los distintos niveles de escolarización para niños y niñas, estos países presentan unos porcentajes persistentemente bajos en cuanto a participación de la mujer en la fuerza laboral, con algunos signos recientes de empeoramiento en ciertos casos. En algunos países, como Turquía y Túnez, las tasas de desempleo de las mujeres con educación superior son sistemáticamente mucho más altas que en los hombres. Las mujeres también soportan en  general una carga excepcionalmente mayor de trabajo no remunerado (cuidado de la casa, familia o personas dependientes), algo que limita su desarrollo profesional o económico. El sector público, más estable y con mayores facilidades a la hora de la conciliación familiar, absorbe la mayor parte del empleo femenino en estos países. Las mujeres tienen también más dificultadas para acceder al crédito y emprender un negocio.

Aunque algunas partes de sus códigos legales se pueden considerar “neutras” en materia de género y todos los países han firmado la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés), se priorizan prácticas o lecturas más conservadoras de ciertos marcos legales, civiles o religiosos. Existen también toda una serie de normas y barreras sociales, así como formas enmascaradas de discriminación y desigualdad que dificultan la capacidad de las mujeres para tomar decisiones, abordar distintas oportunidades en su vida diaria y profesional, tomar la palabra y ser oídas en el ámbito familiar y social, o contribuir de una forma más activa en el proyecto de sociedad que quieren compartir.

Con datos actualizados, gráficas y cuadros que permiten visualizar la información de una forma concisa y clara, el estudio aborda cómo los marcos legales y las normas sociales afectan a una serie de capítulos claves para el empoderamiento de las mujeres: la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, la educación y el mercado laboral; el estatuto personal, los códigos de familia y la diversidad religiosa; el acceso y control de los recursos económicos; la libertad de movimiento y protección frente a la violencia de género; la capacidad de decisión en materia de formación de una familia; y la participación política y ciudadana.
 
Las recomendaciones del estudio se orientan hacia tres áreas: la necesidad de una mayor inversión directa en el sector privado y en el diseño y provisión de servicios e infraestructuras municipales, especialmente en transporte, teniendo en cuenta criterios de género; fomentar el diálogo político en sectores donde las mujeres confrontan restricciones, previniendo la violencia en espacios públicos y el trabajo, así como en la reducción de procesos burocráticos para hacer negocios; aumentar la presencia de especialistas de género regionales en los proyectos y los procesos de diálogo político, formando a empleados y especialistas en materia de género.
 
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo fue creado en 1991 para dar asistencia a los países del Este de Europa en su proceso de transición de una economía socialista centralizada a una economía de mercado. En 2012, su ámbito de acción se amplió a los países del Mediterráneo sur y oriental. Tres países de la región recibieron la calificación de países de operaciones o países beneficiarios de fondos (Marruecos, Jordania y Túnez), y Egipto la de potencial país de operaciones.